El citado convenio, que ha sido firmado por el presidente del CERMI Comunidad de Madrid, Javier Font, y por el de CSI-F Unión Autonómica de Madrid, Manuel González, recoge en su articulado que ambas organizaciones trabajarán conjuntamente para “desplegar iniciativas dirigidas a incrementar la inclusión de las personas con discapacidad hasta alcanzar su plena inclusión” en el ámbito del sector público y, asimismo, para “fomentar la igualdad de trato y oportunidades, de forma directa o indirecta, para las personas con discapacidad en aquellas esferas relacionadas con los servicios públicos”.

 

Para perseguir los fines anteriormente citados, ambas partes manifiestan su voluntad a colaborar conjuntamente y, de forma concreta, se comprometen a fomentar la inclusión del enfoque de discapacidad en el ámbito de la función pública, a través de las acciones y estrategias que sean pertinentes, a analizar las demandas y reivindicaciones de las personas con discapacidad y sus familias en lo referente al empleo público y a poner en marcha acciones para trasladar en mayor medida a la Administración las necesidades y reivindicaciones de quienes tienen discapacidad y quieren acceder a la función pública o de quienes trabajando ya en el sector público se encuentran con dificultades en el desempeño de sus funciones, por múltiples causas, como barreras físicas o comunicativas o actitudes discriminatorias.

 

En palabras del Comité, “este convenio permitirá mejorar y fomentar la necesaria inclusión de las personas con discapacidad en la función pública, con el fin de que sea un ámbito en el que quienes tienen discapacidad y/o movilidad reducida puedan desarrollar al máximo su carrera profesional, en igualdad de condiciones que las demás personas. También permitirá trabajar para mejorar el acceso del colectivo al sector público con garantías”.

 

Entre otras líneas concretas de actuación, el mencionado convenio persigue fomentar el empleo público dirigido al colectivo de personas con discapacidad, mejorar las condiciones laborales de los funcionarios con discapacidad y velar por sus derechos, brindar protección social a los trabajadores públicos con discapacidad, así como a sus familias, ofrecer acciones formativas de interés a estos empleados públicos, trabajar para alcanzar un entorno laboral inclusivo para las personas con discapacidad en el sector público y, en última instancia, para concienciar a la Administración de que es preciso impulsar políticas que permitan que los empleados públicos puedan trabajar en igualdad que las demás personas.

 

Por último, el mencionado convenio, que tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de la firma, también recoge que se creará una comisión de seguimiento integrada por dos representantes de cada una de las dos organizaciones con el fin de velar por su correcto desarrollo y aplicación, así como para analizar nuevas medidas a impulsar de interés para el colectivo de personas con discapacidad en el ámbito de la función pública.